“Seguimos construyendo una provincia más justa y transparente”, expresó el gobernador tras la presentación ante la Justicia.
El Gobierno del Chubut presentó la primera demanda de extinción de dominio contra un ex funcionario público condenado por corrupción. La acción judicial apunta al decomiso de bienes del ex presidente de Lotería del Chubut, Carlos Barbato, y su esposa Graciela Perrone, condenados en 2023 por enriquecimiento ilícito.
La demanda fue presentada ante el Superior Tribunal de Justicia por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner, y su adjunto, Christian Martínez, en el marco de la Ley XIII N°28, sancionada durante la actual gestión, que permite al Estado recuperar bienes obtenidos de manera ilegítima.
Bienes adquiridos con dinero ilícito
Entre los bienes que se busca incorporar al patrimonio provincial se encuentran:
Una vivienda de dos plantas en Playa Unión, de 200 m².
Una flota de vehículos de alta gama: Ford Mondeo, Audi A1, BMW, Nissan Murano y otras camionetas y cuatriciclos.
Un UTV marca Artic Cat, modelo Trail T.
La investigación determinó que estas adquisiciones no se corresponden con los ingresos declarados del matrimonio entre 2016 y 2019. Barbato se desempeñaba como presidente del IAS Lotería del Chubut, mientras que Perrone no tenía ingresos hasta 2019.
Un paso firme contra la corrupción
“En Chubut, el crimen ya no rinde beneficios. Vamos a seguir recuperando lo que es de los chubutenses”, afirmó el gobernador Ignacio Torres, remarcando el compromiso de su gestión con la transparencia institucional.
La medida judicial solicita la extinción del dominio sin compensación alguna, el cambio de titularidad de los bienes a favor del Estado y la imposición de costas judiciales a los acusados.
La causa penal fue instruida por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, que comprobó un aumento patrimonial desmedido e injustificado por parte del matrimonio, que no pudo acreditar los ingresos necesarios para dichas adquisiciones.
Marco legal y antecedentes
La acción se enmarca en los artículos 264 al 268 del Código Penal, que sancionan actos de corrupción como cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de poder y utilización de información privilegiada.
Barbato fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Perrone recibió una pena de dos años por su rol como interpósita persona en maniobras de ocultamiento patrimonial.
Esta presentación judicial, impulsada por la Oficina de Recupero de Activos, sienta un precedente histórico en Chubut en la lucha contra la corrupción y la recuperación de bienes públicos.
