El Gobierno del Chubut anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que busca prohibir de manera absoluta el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. La iniciativa apunta a combatir las estafas digitales y otros delitos que, según las autoridades, se organizan desde el interior de los centros de detención.
El anuncio fue realizado este sábado por el gobernador Ignacio Torres durante una presentación en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, acompañado por el vicegobernador Gustavo Menna, el ministro de Seguridad y Justicia Héctor Iturrioz y la diputada provincial María Andrea Aguilera, autora del proyecto.Según adelantó el mandatario, la iniciativa será enviada el próximo lunes para su tratamiento legislativo y forma parte de una política integral de seguridad que busca evitar que desde contextos de encierro se continúen cometiendo delitos, especialmente estafas virtuales.
Erradicar las “oficinas remotas” del delito
Torres explicó que en los últimos años se registró un crecimiento sostenido de estafas digitales, muchas de ellas organizadas desde cárceles mediante el uso clandestino de teléfonos celulares.
“Es importante entender que el sistema penitenciario lo sostienen todos los contribuyentes. No podemos permitir que desde un lugar de detención se siga delinquiendo y perjudicando a otros ciudadanos”, sostuvo el gobernador.
El mandatario aclaró que el objetivo del proyecto no es incomunicar a las personas privadas de libertad, sino establecer un sistema ordenado y controlado de comunicaciones. De esta manera, los internos podrán mantener contacto con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente a través de dispositivos institucionales supervisados.
Además, remarcó que muchas víctimas de estafas digitales no realizan denuncias por vergüenza o desconocimiento, por lo que la dimensión real del problema podría ser aún mayor.
Volver al esquema previo a la pandemia
Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta busca restablecer el funcionamiento habitual previsto en la legislación nacional.
El funcionario recordó que la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad ya establece la prohibición del uso de dispositivos de comunicación en contextos de encierro, aunque durante la pandemia esa restricción se flexibilizó para permitir el contacto de los internos con sus familiares.
“Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando es volver a un esquema normal de funcionamiento del sistema penitenciario”, explicó.
Reglas claras y control estricto
En tanto, el vicegobernador Gustavo Menna destacó que la iniciativa permitirá establecer normas claras para evitar delitos como estafas, extorsiones o secuestros virtuales que se coordinan desde establecimientos penitenciarios.
“Durante la pandemia muchos reclusos accedieron a dispositivos que hoy se utilizan para delinquir. Este proyecto viene a terminar con esa permisividad y a fijar reglas claras”, afirmó.
Comunicaciones institucionales controladas
La diputada María Andrea Aguilera, autora del proyecto, explicó que la normativa prohibirá el ingreso, la tenencia y el uso de equipos móviles por parte de personas privadas de libertad en todos los establecimientos de detención de jurisdicción provincial.
Al mismo tiempo, se implementará un sistema de comunicaciones institucionales que permitirá a los internos comunicarse en espacios habilitados, con horarios determinados y mediante dispositivos controlados por las autoridades.
Las terminales habilitadas estarán configuradas únicamente para llamadas de voz y no tendrán acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico ni videollamadas.
Además, las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incluidos en un registro de contactos habilitados.
Alcance de la normativa
El proyecto establece que la prohibición regirá en cárceles, unidades penitenciarias, institutos, alcaidías, comisarías y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia.
También se aplicará a detenidos por causas de la justicia provincial que se encuentren alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal.
En caso de detectarse la tenencia de celulares u otros dispositivos, se procederá a su decomiso inmediato y se dará intervención al Ministerio Público Fiscal si existieran indicios de la comisión de un delito.
Asimismo, la ley prevé la instalación de sistemas tecnológicos para bloquear o gestionar de manera controlada la señal de telefonía móvil dentro de los establecimientos de detención.
De aprobarse en la Legislatura, la normativa buscará reforzar la seguridad y reducir los delitos digitales que, según las autoridades provinciales, se organizan desde el interior de las cárceles.
