El conflicto salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario de Santa Cruz continúa sin encontrar una salida. Las negociaciones entre el Gobierno provincial y los representantes de las fuerzas de seguridad se extendieron durante toda la jornada sin lograr un acuerdo.
La tensión aumentó luego de que Mara Mentoro, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, advirtiera de manera virtual durante la reunión del Consejo del Salario que las medidas de fuerza son consideradas ilegales y que, de no levantarse, podrían derivar en acciones legales contra sus impulsores.
La declaración fue interpretada por efectivos en actividad y retirados como una posible antesala de una intervención del Comando Unificado, integrado por fuerzas federales, para desalojar el acampe instalado desde hace semanas frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos.
Lejos de desactivar las protestas, la advertencia fortaleció las movilizaciones que este miércoles volvieron a replicarse en distintas ciudades de la provincia. En Caleta Olivia, por ejemplo, una importante columna de efectivos, muchos de ellos uniformados, marchó con pancartas, banderas, bombos, redoblantes y bengalas para reclamar una recomposición salarial.
Las manifestaciones, que cuentan con el acompañamiento de familiares y jubilados de la fuerza, ya son consideradas un hecho inédito en la historia de la Policía de Santa Cruz por su magnitud y continuidad, mientras la expectativa permanece puesta en una nueva instancia de negociación que permita destrabar el conflicto.
