A partir de este 5 de septiembre entró en vigencia en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reemplaza la normativa de 1980 y baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
Los adolescentes mayores de 14 años podrán ser judicializados por delitos del Código Penal, pero seguirán bajo un sistema especial con sanciones orientadas a la responsabilidad, la educación y la resocialización.
La ley prohíbe las penas perpetuas para menores y fija un máximo de 15 años de privación de libertad, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.
No todo delito derivará en encierro: se prevén medidas alternativas como restricciones de acercamiento, reparación del daño, reglas de conducta, actividades educativas y comunitarias, amonestación formal y monitoreo electrónico.
Los menores privados de libertad deberán estar en instituciones especializadas, sin contacto con adultos, en institutos abiertos, de detención o bajo arresto domiciliario, manteniéndose la prohibición de difundir datos que permitan identificarlos.
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La norma también fortalece el rol de las víctimas en el proceso y establece la responsabilidad civil de los padres por los daños derivados de los hechos atribuidos a sus hijos.
Para la implementación del sistema, el Congreso asignó una partida de más de 23.739 millones de pesos, aunque persisten interrogantes sobre la disponibilidad de pulseras electrónicas, supervisores especializados y la articulación con los sistemas procesales provinciales.
