El abogado de Patagonia Argentina rompió el silencio en Radiovisión y cuestionó con dureza el proceso que adjudicó el servicio a la nueva prestataria. Aseguró que existen registros electrónicos de reuniones previas con funcionarios municipales y ratificó los reclamos judiciales.
COMODORO RIVADAVIA (R360) — El conflicto por el transporte urbano de pasajeros en Comodoro Rivadavia sumó este jueves un nuevo y explosivo capítulo judicial y político. En una entrevista concedida al programa La Mañana de Hoy por Radiovisión, el letrado apoderado de Patagonia Argentina, José María Ferreira de las Casas, apuntó sin Filtros contra la administración municipal y deslizó graves irregularidades en torno a la licitación que dejó fuera a la histórica firma.
Consultado sobre el análisis que le deja este tiempo transcurrido tras la salida de la empresa, Ferreira de las Casas fue tajante al señalar que los hechos posteriores terminaron por confirmar las sospechas que manejaban desde el año pasado:
*»Todo lo que va ocurriendo simplemente confirma lo que nosotros sabíamos. Hoy en día la Municipalidad y la nueva empresa son socios. Tenemos información con qué concesionarios se entrevistaron, y lo hicieron acompañados por funcionarios municipales antes de que se lanzara la licitación»*, aseveró.
Contactos previos y registros electrónicos
Ante la repregunta sobre la veracidad de dichos encuentros, el abogado ratificó que existen elementos de prueba de carácter digital que sustentan sus dichos, involucrando a personas que actualmente cumplen funciones dentro de la estructura municipal.
*»Hay contactos y reuniones previas. No fue un oferente más que vino solo; vino de la mano de funcionarios municipales, lo cual indicaba un grado de preferencia. Los hechos lo vienen corroborando, como ocurrió al dividirse por primera vez la licitación del servicio público y cuando al día siguiente de la adjudicación ya decían que con menos coches era suficiente»*, cuestionó.
Finalmente, Ferreira de las Casas confirmó que continúan adelante con las demandas judiciales orientadas a lograr la nulidad de los actos administrativos y de la licitación, advirtiendo que los nombres y detalles de los cruces con los funcionarios involucrados serán aportados formalmente ante la Justicia cuando el poder judicial así lo requiera.
