El organismo provincial constató que la unidad habitacional se encontraba desocupada, sin puertas y con los ventanales rotos. El adjudicatario intentó justificar el abandono aduciendo vulnerabilidad laboral, pero los registros oficiales confirmaron que es empleado de planta permanente en Rawson. Ambos implicados quedaron inhabilitados.
RAWSON (R360) — En el marco de los controles regulares sobre el cumplimiento de las normativas vigentes para el uso de los complejos habitacionales, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) aplicó una estricta sanción contra un adjudicatario en la ciudad capital, revocando de forma definitiva la tenencia de un inmueble adjudicado por el Estado tras comprobarse su absoluto estado de abandono.
El procedimiento se originó a partir de una inspección de rutina efectuada por el personal técnico en el Barrio 32 Viviendas E.M.A, sobre la calle Victoria Ocampo, sumado a los recurrentes reclamos y advertencias radicados por los vecinos del sector. En el lugar, las autoridades corroboraron que la casa estaba completamente desocupada, desprovista de la puerta principal de acceso, con los ventanales rotos y bajo custodia policial preventiva ante el riesgo de usurpación y vandalismo.
Contradicciones y falsas coartadas
Ante la notificación del proceso de desalojo y pérdida de derechos, el titular de la propiedad presentó un descargo formal que acumuló inconsistencias. El hombre intentó justificar la desocupación argumentando que residía en el domicilio de su expareja para cuidar a sus hijos y alegó encontrarse a la espera de un empleo de carácter temporario.
Sin embargo, el entrecruzamiento de datos institucionales destrozó la coartada al certificar fehacientemente que el adjudicatario se desempeña como empleado de planta permanente en la Municipalidad de Rawson, percibiendo ingresos estables que desvirtuaban sus argumentos de precariedad económica.
Sanción ejemplar e inhabilitación
Frente a la falsedad de las declaraciones y la violación flagrante de la cláusula legal que obliga a los adjudicatarios a habitar de forma permanente las unidades habitacionales otorgadas con fondos públicos, la gerencia general del IPV procedió a firmar la resolución de revocación inmediata.
Como medida complementaria para resguardar el patrimonio habitacional del Estado y priorizar a familias que verdaderamente necesitan una solución habitacional, la sanción dispuso que tanto el hombre como su expareja queden inhabilitados en forma permanente para postularse, alquilar o acceder como beneficiarios a cualquier otra operatoria future impulsada por el organismo en el territorio provincial.
