¿SOLUCIÓN SOCIAL O PRECARIZACIÓN POLÍTICA? SE ABRE EL DEBATE SOBRE LAS COOPERATIVAS EN COMODORO

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Lo que comenzó como el descargo por un cruce político en el barrio Laprida terminó destapando una olla a presión sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo en nuestra ciudad. En una entrevista sin concesiones, la referente cooperativista Tamara Mercado expuso las dos caras más graves de este sistema: la precarización laboral absoluta de los trabajadores y las fuertes sospechas de corrupción.

Mercado no dudó en ventilar manejos turbios y retornos de dinero dentro del circuito estatal y cooperativo local: «A otras cooperativas un montón de circunstancias más de que le han metido mano en la lata… en sacarle coimas y demás», disparó de forma explosiva, asegurando que los trabajadores tienen pruebas de todo.

Mientras la inflación no da tregua, la referente desnudó la extrema precarización que sufren quienes limpian los colegios: «Ellos cobraban por una beca cincuenta mil pesos». Una cifra que contrasta de manera escandalosa con los nuevos contratos que supuestamente maneja el municipio: «Una escuela chica estaba cobrando dos millones quinientos mil y una escuela grande entre tres millones doscientos». ¿Dónde queda esa enorme diferencia de dinero?

Al ser consultada sobre por qué cooperativas con hasta 50 asociados no dan el salto a convertirse en PyMEs formales para garantizar aportes jubilatorios, obra social y pagar IVA, Mercado admitió la falta de un norte legal: «Nunca lo pensamos y tampoco nunca se nos dio la oportunidad de poder llegar a formar una empresa». Una realidad que termina fomentando la desprotección del trabajador bajo el ala del Estado.

Tras el traspaso de los servicios de limpieza de Provincia al Municipio, más de 9 cooperativas quedaron en la calle. «Nos cansamos de ir a tocar puertas (…) se tiran la pelota entre todos», denunció Mercado, exponiendo el abandono de decenas de familias que hoy dependen de ollas populares para subsistir.

¿Se convirtieron las cooperativas en una herramienta de explotación encubierta y clientelismo político en Comodoro? ¿Es aceptable que el Estado financie estructuras informales donde se denuncia el cobro de «coimas» y sueldos de miseria en lugar de promover el empleo en blanco y con derechos reales?

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