El cuerpo de concejales aceptó el veto parcial elevado por el Poder Ejecutivo Municipal mediante el Expediente Interno 11537/22, por lo que el proyecto sobre el tope de costos adicionales retornará a la Comisión 1 para un nuevo análisis.

La controversia gira en torno a la Ordenanza 16197-4/26, una normativa sancionada por el cuerpo deliberativo que buscaba acotar fuertemente el margen de ampliación presupuestaria en las licitaciones locales. La iniciativa aprobada originalmente reducía del 30% al 10% el porcentaje máximo que el municipio puede abonar por encima del monto adjudicado en cada proyecto de infraestructura.

Tras el rechazo parcial del intendente a la modificación aprobada, el expediente fue enviado al ámbito de trabajo de la Comisión de Gobierno para revisar los artículos cuestionados. El debate técnico continuará en las próximas reuniones de bloque, donde los ediles deberán definir si insisten con la redacción original del límite presupuestario o aceptan las correcciones enviadas desde el Ejecutivo.