Las autoridades del archipiélago fijaron postura tras la cadena nacional en la que la Casa Rosada calificó a los residentes como una población implantada. Mediante un comunicado público, el parlamento insular sostuvo que el estatus de Territorio Británico de Ultramar no está sujeto a discusión externa y que cualquier decisión sobre el futuro de las islas depende de sus propios habitantes.

Para fundamentar la postura, el documento recurrió a los datos del plebiscito realizado en 2013 y al marco legal de la corona británica, al tiempo que destacó los pronunciamientos emitidos desde Londres en apoyo a las autoridades locales. El texto obvió responder a las medidas tomadas por Argentina contra la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona offshore y se limitó a marcar la postura política de la comunidad insular frente a la reactivación del reclamo diplomático.