El letrado que representa a Patagonia Argentina analizó el conflictivo escenario tras el desembarco de la nueva prestataria. Apuntó contra los plazos caídos, la falta de absorción total del personal y advirtió que la nulidad judicial del proceso podría resolverse en los primeros meses del próximo año.
COMODORO RIVADAVIA (R360) — La crisis en torno al sistema de transporte urbano de pasajeros sumó un nuevo y tenso capítulo a nivel judicial y político. En una entrevista exclusiva concedida al móvil de la radio, el abogado José María Ferreira de las Casas expuso el delicado panorama que atraviesa la firma Patagonia Argentina y calificó sin rodeos el proceso licitatorio impulsado por el Ejecutivo local como un «mamarracho».
Durante la charla, el letrado se refirió a la situación de más de setenta trabajadores que quedaron sin fuentes laborales tras el cambio de concesión. Al respecto, desestimó los argumentos oficiales sobre un fondo del 2% destinado a indemnizaciones y recordó que la ordenanza vigente estipulaba la absorción directa de la dotación por parte de la nueva prestataria, algo que —según remarcó— no se cumplió en los plazos legales establecidos.
«Todo lo que ha pedido Patagonia tiene sustento legal sobrante. Desde el punto de vista administrativo y legal, esto no merece un calificativo mucho mejor que el de mamarracho», sentenció el abogado, anticipando la presentación de una demanda formal para exigir que la Municipalidad aplique las sanciones económicas correspondientes y garantice la cobertura de los empleados desplazados.
Avances en la justicia y críticas al armado político Consultado sobre el futuro institucional del expediente, Ferreira de las Casas confirmó que se solicitó la anulación judicial de los actos administrativos que derivaron en la adjudicación a la nueva firma, señalando que la causa podría tener una resolución de fondo durante los primeros meses del año próximo al tratarse de un análisis centrado en la documentación del expediente.
Asimismo, el representante legal cuestionó duramente la viabilidad operativa del actual esquema y las constantes modificaciones en los recorridos que desconciertan a los usuarios en las paradas céntricas. «Si prosperan los actos judiciales, esto termina mal para la municipalidad, mal para los funcionarios que van a tener que enfrentar cargos penales y mal para las cuentas públicas», concluyó con firmeza.
