En una entrevista brindada en nuestros estudios, la prestadora Brenda Cares expuso la crítica situación que padecen decenas de acompañantes terapéuticos en la ciudad. Acusan atrasos de hasta cinco meses en los honorarios, falta de respuestas institucionales y un desgaste emocional constante al sostener las prestaciones con menores en situación de vulnerabilidad.
COMODORO RIVADAVIA (R360) — La falta de pagos en el sector de salud y discapacidad volvió a encender las alarmas en la región. En las últimas horas, la acompañante terapéutica y docente Brenda Cares visitó los estudios de la emisora para radicar públicamente un reclamo que afecta a un grupo considerable de prestadores locales que brindan servicios a través de la obra social ADOS.
Durante el mano a mano con el equipo periodístico, Cares detalló que la deuda salarial acumulada varía entre los tres y cinco meses según cada profesional, calculando en su caso particular una suma superior a los dos millones de pesos. «Nos acercamos constantemente a la obra social y nos dicen que no hay fondos; nos vienen pateando de viernes en viernes, pero los meses siguen pasando y no hay respuestas», expresó con visible preocupación.
El peso de la vocación y el desgaste cotidiano
Uno de los ejes centrales del testimonio recayó en la complejidad de interrumpir las prestaciones, teniendo en cuenta el vínculo afectivo y las rutinas estructuradas que requieren los niños y jóvenes con discapacidad, especialmente en el ámbito escolar.
«Por nuestro rol se nos hace difícil cortar con la prestación porque sabemos el lugar que ocupamos y cómo afectamos a las familias y a los chicos. La obra social sabe un poco de eso, juega con el hecho de que nosotras no vamos a cortar y por eso siguen atrasando los pagos», reflexionó la prestadora, quien reconoció que incluso muchas familias comprenden la situación y llegan a sugerirles ausentarse ante la falta de haberes.
Casos judicializados y posibles medidas de fuerza
La situación se torna aún más compleja al conocerse que muchos de los tratamientos cuentan con recursos de amparo judiciales favorables que tampoco logran agilizar los depósitos. Ante este panorama, Cares advirtió que el sector analiza unirse para concretar medidas de protesta visibles frente a las oficinas de ADOS.
«En mi caso particular ya hay un juicio ganado y una cautelar, pero aun así la obra social no paga. Mandar cartas documento a través de abogados particulares genera un costo extra para las familias que ya no pueden afrontar. Nos estamos organizando con otros colegas para ver si vamos con otros medios a visibilizar lo que está pasando porque ya no damos más», concluyó.