Tras finalizar el período de transición de 90 días y concretarse el despido de 72 choferes que no fueron absorbidos por la nueva prestataria, cuestionaron duramente la postura del Ejecutivo municipal y adelantaron que evaluarán acciones judiciales para exigir la aplicación de la normativa vigente.

COMODORO RIVADAVIA (R360) — El traspaso del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad continúa sumando capítulos de alta tensión institucional y legal. Luego de que la exconcesionaria concretara el despido de 72 choferes que quedaron fuera de la nueva empresa a cargo del servicio, el conflicto escaló de lleno hacia la discusión sobre quién debe afrontar el pago de las indemnizaciones correspondientes.

La controversia se profundizó tras el vencimiento del acuerdo de transición de tres meses (agosto, septiembre y octubre) durante el cual la firma saliente continuó abonando los salarios a pesar de no percibir ingresos por la concesión ni tener tareas asignadas para el personal. Ante la falta de incorporación por parte de la firma entrante, se avanzó con las desvinculaciones.

La Ordenanza 3681 en el centro de la escena

Frente a la postura del Municipio, que sostiene que la responsabilidad patronal recae sobre la exconcesionaria por haber sido la empleadora, se rechazó tajantemente ese argumento y se apeló a la Ordenanza Municipal 3681 —sancionada en 1991— para deslindar a la empresa de los pagos.

El artículo 76 de dicha normativa establece un mecanismo específico ante el cambio de prestataria: la obligación de la nueva firma de absorber a la totalidad del personal y, en caso de incumplimiento, la facultad de la Municipalidad de aplicarle una multa equivalente a la suma de las indemnizaciones para abonárselas a los trabajadores afectados. Para la empresa, este procedimiento genera un derecho que exime a la prestataria saliente de afrontar esos costos.

Bajo este panorama, desde la antigua concesionaria evalúan impulsar acciones legales para presionar judicialmente a los funcionarios municipales a fin de que pongan en marcha el procedimiento previsto en la ordenanza, mientras un total de 72 familias continúan a la espera de una resolución definitiva sobre su situación laboral e indemnizatoria.